Plazo razonable: Su aplicación procedimientos administrativos y procesos judiciales sin distinción entre personas humanas y jurídicas

Abstract

El artículo examina la garantía constitucional del plazo razonable en procedimientos administrativos y procesos judiciales, según la doctrina de la CSJN en Losicer y Bonder y el art. 8 de la Convención Americana y el art. 18 de la Constitución Nacional. Sostiene que, si el trámite supera un plazo irrazonable, puede fenecer en sus efectos sobre el sumariado o demandado, sin que ello dependa de un plazo máximo fijo sino de criterios jurisprudenciales (complejidad del asunto, actividad del interesado, conducta de las autoridades y análisis global). Concluye que la garantía alcanza todas las materias (no solo la sancionatoria o penal) y personas humanas y jurídicas por igual, y que se suma a prescripción, caducidad y otros institutos de celeridad sin sustituirlos, siendo especialmente relevante cuando aquellos no ponen fin al procedimiento.